LEY AGRARIA…¿REFORMA O REVOLUCIÓN?

Mario Seoane

La reciente derogatoria de la Ley No. 27360, de Promoción Agraria por parte del Congreso y la oficiosa aquiescencia del Poder Ejecutivo ha mostrado la incapacidad de dos poderes del Estado en desentrañar las razones de una protesta y orientarla hacia una solución de gobierno, que es su función esencial, ofreciendo en su lugar una temerosa reacción que no se detiene en afectar una de las actividades más exitosas de los últimos 20 años y una extraña predilección por incendiar el país, con ellos adentro.

Dentro de este tumultuoso escenario, hay quienes se han sentido con autoridad para vincular la actual situación de las agroexportadoras como el caldo de cultivo para justificar lo que ellos han denominado una “segunda reforma agraria”, planteando “propuestas” que demuestran una vez más, los riesgos de pretender regular una actividad sin un elemental conocimiento de su funcionamiento.

Sin embargo, fuera de las declaraciones altisonantes, derogada ya la Ley de Promoción Agraria, y en la espera de la discusión de una nueva estructura legal, sería necesario plantear algunas ideas que eviten incurrir una vez más en los evidentes errores de la denominada “primera” reforma agraria y en esa linea consolidar los argumentos orientados a fortalecer el sector agrario, para lo cual se cuenta con una elaborada data que ha permitido demostrar la falsedad de los argumentos planteados, no obstante, hoy como en 1969, los extremos ideológicos no entienden de razones y prosperidad.

LA REFORMA AGRARIA BENEFICIÓ A UNA MINORÍA

En efecto, si bien es cierto que la reforma agraria de 1969 se ofreció como un auspicioso modelo de justicia y equidad en la tenencia de la tierra, sólo benefició al 20% de la población campesina (Matos Mar, 1980, 68), así el 80% de los campesinos fueron excluidos y terminaron contratados como trabajadores eventuales para los ex campesinos, convertidos en nuevos propietarios (Parodi, 2000, 126).

EL FRACASO DE LAS COOPERATIVAS AGRARIAS

En el marco del modelo creado por el gobierno militar, las haciendas más importantes se convirtieron en cooperativas agrarias, una forma de organización impuesta por el Estado que fracasó por errores en su concepción (Manrique, 2014, 198) y otros problemas de gestión que influyeron en la liquidación del sistema y el cambio de modelo empresarial, sin embargo, es sintomático el caso de la ex cooperativa hoy empresa azucarera Tumán, que aún no puede desenredarse de los efectos de la reforma y el impacto negativo de la injerencia del Estado, que a través del Poder Judicial persiste en imponerle administraciones judiciales que han agudizado su crisis, negándole a sus trabajadores la posibilidad de participar en la gestión de la empresa.

LA AFECTACION DE COMUNIDADES CAMPESINAS

Asimismo, las expropiaciones indiscriminadas no sólo afectaron a las haciendas, la misma suerte corrieron pequeños propietarios y muchas comunidades campesinas, a quienes la reforma agraria también les cercenó parte de sus territorios sin ninguna compensación y que en la actualidad luchan solitariamente por reivindicar sus tierras en sedes judiciales.

LOS EFECTOS DE LA REFORMA

Todo lo expuesto nos lleva a la conclusión que si bien la Reforma Agraria se había constituido como una plataforma de reivindicación fortalecida durante más de 60 años, finalmente desembocó en un movimiento de efectos políticos inmediatos sin ninguna visión de desarrollo social y económico, que nunca entendió el país, renunciando así a constituirse en un factor de paz social y generación de riqueza.

LOS INICIOS DEL CAMBIO. ANTECEDENTES DE LA LEY 27360

Así, derogada la Ley de Reforma Agraria, a través del Decreto Legislativo No. 653, recogiendo las iniciativas y recomendaciones de sectores de empresarios a quienes se les podría denominar como sobrevivientes de la reforma agraria, se aprobó primero el Decreto Legislativo No. 885 y posteriormente la Ley No. 27360 como una necesaria y racional propuesta a una serie de errores históricos que habían marcado un definido atraso en el agro y en el país.

La aplicación de la nueva ley generó respuestas que permitieron creer en un sistema viable,  por ejemplo, las exportaciones de productos agrícolas que hacia el año 2001 oscilaban los 437 millones de dólares, alcanzaron para 2019 la cifra récord de 6,359 millones de dólares, creciendo casi 10 veces a valores constantes, nada menos (BCRP, Memoria 2019), y ofreciendo beneficios en los que han participado no sólo las grandes agroexportadoras, también las asociaciones de productores,  pequeñas empresas de la denominada agricultura familiar y las mismas comunidades campesinas, quienes que se encontraban en medio de un progresivo proceso de incorporación de los postulados de la derogada ley.

Estos auspiciosos resultados, medidos durante 20 años, son los que han permitido advertir las líneas matrices de un nuevo “pensamiento agrario” que en conjunción con un modelo legislativo eficiente, ha logrado que el Perú haya ganado un notorio liderazgo internacional en la exportación de productos agrícolas, ello demuestra la viabilidad de la ley y su rara naturaleza excepcional en un país inundado de disposiciones sistemáticamente incumplidas.

Dentro de esa línea, la referida ley ha producido mejoras notorias en las relaciones de trabajo, así la formalización laboral en el sector agrario, negada en otros rubros, ha permitido un importante incremento de trabajadores, de 147,000 en el 2011 a 414,000 al 2019, así como la reducción de la tasa de pobreza en 60% entre 2004 y 2017. (BCRP, 2019).

Sin embargo el escenario se ha visto convulsionado por recientes reclamos que dan cuenta de incumplimientos en las condiciones laborales, que si bien no constituyen la generalidad y muchos de ellos no han podido ser por lo menos verificados, tampoco deben ser desoídos, ya que las prácticas laborales ilícitas deben ser definitivamente detectadas extirpadas por la transparencia y limpieza del sistema, precisamente porque éste ha permitido demostrar que el éxito empresarial no debe contraponerse al incumplimiento de las condiciones laborales.

CONCLUSIONES

En este contexto, la revisión objetiva del esquema establecido, a los 20 años de su aplicación, ha permitido visualizar que la iniciativa privada vinculada a políticas concretas de promoción tributaria y laboral han mostrado un eje fundamental de desarrollo de inocultables resultados, que han consolidado un sistema altamente competitivo.

Por otro lado, vistas las cosas, es necesario que el desarrollo agrario se encamine dentro de una estrategia integral, la idea es no sólo avanzar sino cuidar el entorno, por eso los temas pendientes de la antigua reforma agraria recobran vigencia no para asegurar una eventual reivindicación económica de los antiguos expropiados, sino para poner en la mesa los temas realmente pendientes que permitirán, al entender los hechos del pasado, orientar los pasos futuros; así deben formar parte de cualquier eventual futura discusión, los procesos de titulación pendientes, el saneamiento de la propiedad dentro de procesos de expropiación no concluidos y el pago de las expropiaciones, como claro mensaje a los gobiernos que deben establecer los necesarios equilibrios entre el ejercicio de atribuciones y el cumplimiento de sus obligaciones, como muestra real de su legitimidad.

En tal contexto, no cabe duda que el valor económico de los antiguos bonos de la deuda agraria podrían ser utilizados como parte de cualquier plan de reactivación agraria, en proyectos de desarrollo de recursos hídricos, extensión de tierras agrícolas, concesiones de forestación o como instrumento financiero que permita, dentro de determinados márgenes, ser utilizado como capital social o compensación de deuda tributaria en nuevos proyectos de desarrollo agrícola.

Por todo ello, si bien los agricultores peruanos han demostrado su real capacidad para conducir un proceso de generación de riqueza posicionándose en un mercado altamente competitivo, también es claro que el éxito de un proceso pasa por un esquema vinculado al orden laboral, tributario y empresarial, por ello el sistema debe ser fortalecido, poniendo énfasis en el aporte laboral, que en pocas palabras significa no sólo mejorar los sueldos y la capacitación, sino en ofrecer un sistema equilibrado de relaciones laborales orientados al crecimiento empresarial y personal.

Si ello sucede y se logra un crecimiento integral, la Ley de Promoción Agraria debería cambiar de nombre, dado que será una Ley de Revolución Agraria que podrá consolidarse como un verdadero motor de generación de riqueza para todos los peruanos sin distinción, reconociendo así los avances del sector agroindustrial que han merecido auspiciosos informes del Banco Mundial, a estas alturas, el Congreso, el Poder Ejecutivo y la prensa deberán estar en condiciones de entender que, una cosa es perfeccionar y extender una actividad, otra cosa es destruirla, no caigamos en lo segundo.

ENLACES:

LEANDRO MARIATEGUI: LA AGRICULTURA FAMILIAR Y SU ROL EN LA EXPORTACION

FERNANDO EGUREN. HISTORIA DE LA AGROEXPORTACION EN EL PERU

BANCO MUNDIAL PRESENTA INFORME SOBRE AGRICULTURA EN EL PERU

VIDEO: PRESENTACION DEL BANCO MUNDIAL SOBRE AGRICULTURA PERUANA