BENEFICENCIA DE LIMA RECLAMA A TC Y MEF POR VALORIZACION DE BONOS AGRARIOS
ESPECIALMENTE METODOLOGÍA DE ACTUALIZACIÓN DEL MEF (D.S. Nº 242-2017-EF) QUE ARROJA RESULTADOS CONFISCATORIOS
Las expropiaciones de la reforma agraria implementadas por el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado, no sólo afectaron propiedades de agricultores peruanos. También se expropiaron propiedades agrícolas de las Sociedades de Beneficencia y en consecuencia, dichas entidades recibieron en pago Bonos de la Deuda Agraria.
Ese es el caso de la Sociedad de Beneficencia Pública de Lima, que a partir del año 1969 recibió bonos por la expropiación de sus propiedades y ahora reclama su pago actualizado, con la finalidad de utilizar dichos recursos en la atención de sus fines sociales.
La Beneficiencia estuvo cobrando sus bonos hasta el año 1990 no obstante que éstos fueron perdiendo valor real por la hiperinflación que afectó el país en esa época. Si bien el Tribunal Constitucional aprobó en la resolución de ejecución de julio de 2013 una metodología para actualizar el valor de los bonos, dicha metodología, implementada por el MEF, mediante el D.S. Nº 242-2017-EF, arroja valores absurdos y confiscatorios.
En el caso de la Beneficencia Pública de Lima, la aplicación de la fórmula de cálculo establecida por el D.S. Nº 242-2017-EF, extrañamente arroja el valor de cero soles, lo cual es una confiscación encubierta.
Por ello, el Gerente General de dicha institución Dr. Fabrizio Orozco ha remitido sendas comunicaciones al presidente del Tribunal Constitucional así como al Ministro de Economía y Finanzas, solicitando se formulen las rectificaciones necesarias, ya que es inexplicable que una metodología de actualización planteada supuestamente, para actualizar una deuda, en realidad sirva para hacerla desaparecer.
La importancia de esta declaración radica en que la Beneficencia es una entidad de derecho público representativa del Estado peruano, sus peticiones tienen un valor especial, por ello, tanto las autoridades de la Beneficencia Pública de Lima, como los bonistas en general, estarán atentos de la respuesta que brinden las autoridades mencionadas.
Lima, 17 de julio de 2024.